Cuando gobernar es narrar
De la política como acción a la política como escenografía
En las últimas décadas, la práctica política de las sociedades contemporáneas ha sufrido una transformación que no se deja explicar del todo por la tecnología, por la aceleración del ciclo informativo o por la creciente profesionalización de la comunicación institucional. Esos factores cuentan, sin duda, pero bajo su ruido actúa un movimiento más hondo, a la vez conceptual y práctico: la acción política orientada al bien común ha ido perdiendo su primacía frente a la gestión estratégica del relato. Gobernar consiste cada vez menos en intervenir con eficacia sobre la realidad social y cada vez más en producir, sostener y defender una interpretación pública de esa realidad, capaz de asegurar legitimidad simbólica incluso cuando faltan resultados materiales verificables.
Este fenómeno no debe describirse como simple hipertrofia retórica ni como un defecto moral atribuible a actores concretos o a coyunturas pasajeras. Remite, más bien, a una mutación estructural en la lógica del poder, que altera la relación entre decisión y responsabilidad, entre gobierno y ciudadanía, y, de manera particularmente significativa, la noción misma de bien común. Allí donde el discurso acompañaba a la acción como instrumento de explicación, persuasión o rendición de cuentas, el relato tiende hoy a sustituirla, hasta el punto de que la eficacia política se mide preferentemente por la capacidad de imponer marcos interpretativos, neutralizar narrativas adversas y sostener un clima de adhesión simbólica, con relativa independencia de la persistencia, o incluso del agravamiento, de las necesidades sociales.
El predominio del relato, frecuentemente articulado como un agit-prop permanente —agitación simbólica continua más que propaganda episódica— produce una disociación progresiva entre poder y responsabilidad. En este nuevo régimen político-comunicativo, el fracaso material puede amortiguarse, desplazarse o incluso ocultarse mediante recursos narrativos, mientras la atención a las condiciones efectivas de vida queda subordinada a la coherencia del mensaje y a la estabilidad de la imagen pública. El ciudadano, en consecuencia, deja de ser considerado ante todo como sujeto de necesidades concretas y pasa a ser tratado como receptor de estímulos simbólicos, cuya percepción importa más que su situación.
Desde esta perspectiva, el problema central no es el uso del lenguaje en política —inevitable, y en cierto sentido constitutivo de lo político—, sino la sustitución de la acción por la representación como principio rector del gobierno. La cuestión que se abre es, por tanto, doble: cómo y por qué se ha producido este desplazamiento desde una política de la acción hacia una política del relato, y cuáles son sus consecuencias normativas para la legitimidad del poder, para la idea de bien común y para la experiencia cívica de los ciudadanos.
De ahí la necesidad de un análisis conceptual que delimite los rasgos esenciales del fenómeno y evalúe sus implicaciones filosófico-políticas. Para ello se requiere un marco teórico capaz de combinar, por un lado, elementos de la tradición clásica —la política como praxis orientada a fines comunes y sometida al juicio de la realidad— y, por otro, aportaciones críticas contemporáneas sobre mediatización, espectacularización y gestión simbólica del poder. No se pretende aquí un inventario empírico exhaustivo de casos, sino un análisis estructural que permita comprender el sentido y el alcance de una transformación que atraviesa, con modulaciones diversas, a la mayor parte de las democracias actuales.
El enfoque ha de ser analítico y crítico-normativo. Analítico, porque exige precisar conceptos como acción política, relato, agit-prop, legitimidad y bien común, evitando su empleo equívoco o meramente ornamental. Crítico-normativo, porque debe evaluar las consecuencias de la primacía del relato sobre la acción, interrogándose por los límites éticos y políticos de una forma de gobierno que parece haber renunciado a confrontarse con la realidad como criterio último de legitimidad.
Con esta doble finalidad, el itinerario propuesto es claro. Primero, examinar la concepción de la política como acción orientada al bien común; después, analizar el surgimiento del régimen del relato y su consolidación como forma dominante de ejercicio del poder; más adelante, estudiar los efectos de esta transformación sobre la responsabilidad política y la experiencia ciudadana; y, finalmente, culminar en una reflexión normativa sobre la posibilidad, y la necesidad, de recuperar una política que no se limite a administrar discursos, sino que asuma de nuevo la tarea de ordenar con justicia la vida común.
En último término, la tesis que aquí se sostiene es que una política refugiada sistemáticamente en el relato corre el riesgo de vaciarse de contenido práctico y de erosionar los fundamentos mismos de su legitimidad. Cuando la acción es sustituida por la representación, el gobierno se vuelve escenografía y el bien común, una expresión ornamental, incapaz de orientar efectivamente la vida colectiva. Pensar críticamente este desplazamiento no es, pues, un ejercicio académico marginal, sino una tarea necesaria para comprender las tensiones y los límites de la política en nuestro tiempo.